La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) se ha convertido en un lobo temido por las empresas. Aunque la propuesta está entrampada en el laberinto legislativo desde hace diez años, el sector productivo nacional sabe que en algún momento "saldrá a soplar". Mientras tanto, las compañías construyen su casita, para blindarse de lo que esta norma traerá.
En ellas no puede faltar un archivo amplio, con capacidad para guardar al menos diez años del historial detallado de cada trabajador.
La razón es que saben que será el "gran lobo" quien decida cuándo, cómo y qué tan duro soplará sobre empresas y negocios.
La firma Gimón Troconis & Asociados orientó, en un foro, a sus clientes y relacionados sobre el estado de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y cómo afectará a las empresas, al tiempo que dio recomendaciones sobre lo que ahora es aún una propuesta legislativa que no ha conseguido el consenso en el Parlamento.
El abogado Santiago Gimón dijo que la mayor parte de la reforma busca que los trabajadores tengan más participación en las empresas, y actualizar las prestaciones y utilidades pues en la realidad muchos contratos han dejado rezagada la norma vigente.
A su vez, destaca del papel de trabajo la propuesta de manejar y controlar los recursos en la base de la empresa, desde donde serían distribuidos al resto de los integrantes de la misma. La también experta en el área, Beatriz Rojas, añade que el proyecto busca trasladar la inamovilidad laboral a la ley.
De mayo a la fecha, el jurista recuerda que el discurso ha variado según el vocero. Primero, 80% de la norma estaba lista, hoy es un tema arduo y complejo.
Novedades en la propuesta Gimón resume algunos aspectos que se han colado de modelos y proyectos que rondan el palacio legislativo. Entre estos, por ejemplo, está la construcción de nuevos valores en la relación laboral: "Equidad, justicia, igualdad y solidaridad", señala el abogado.
También figura el carácter no transable de los derechos de los trabajadores. "Si se dijera que todo se resuelve en tribunales, yo respiro tranquilo. Pero es un tema delicado cuando se tratan de resolver los problemas en inspectorías del trabajo".
Gimón indica que se están traspasando la mayoría de las funciones a las inspectorías, pero que estas no actúan por igual. Sus sanciones no son universales, unas cobran con base en Unidades Tributarias, mientras otras usan el salario como parámetro.
"Nunca sabes quién es realmente el que manda", dijo. La figura de los Consejos de Trabajadores es otro de los aspectos poco claros en la propuesta. Gimón dice que ahora el proyecto establece a estas instancias y a los consejos comunales como interlocutores válidos. "Son cosas que tendremos que manejar: relacionarnos con los consejos comunales de nuestras comunidades, para saber cómo piensa nuestra gente y la comunidad que nos rodea", dijo el jurista.
Otros actores que entran en la escena son las empresas de producción social y las empresas de cogestión. "Estas últimas ya existen". El proyecto, según Gimón, también cambia los conceptos. "Se modifica la definición de trabajador.
Hoy son las personas que realizan una labor de cualquier causa y bajo las órdenes de un superior".
La propuesta los define como "toda persona natural o jurídica, sea o no profesional, amparada en cualquier contrato".
En opinión del abogado, esto amplía la brecha entre contratista y contratado. Asimismo, están los cambios en la jornada laboral. Esta solo excluye a los trabajadores de la vigilancia. De 44 horas pasa a 42, y se deja en manos del Ejecutivo la reducción progresiva para abrir más plazas de trabajo.
Las horas extras se reducen a dos horas por día, es decir 10 semanales y 80 anuales. "Hoy son 100 anuales y muchos trabajadores las superan", dijo. Tampoco se permitirá una jornada parcial, con horas extraordinarias. En este caso, la alerta dada a los directores es, primero, llevar los registros de horas extraordinarias, y segundo, solicitar los permisos de horas extras a la inspectoría. Además, tienen 48 horas para notificar que hubo una emergencia, según explican.
En el tema de las vacaciones, el escritorio dice que no existe una definición real de cuántos días deben durar, y el monto del bono que tendrá que cancelarse. Lo que sí se prevé es el pago del beneficio de alimentación.
Gimón agregó que hay una disposición aparte según la cual las empresas deben prever medidas y facilitar programas que garanticen que el trabajador efectivamente disfrute sus vacaciones. La norma propone incrementar las utilidades de 15 a 30 días, elevar la prescripción de las prestaciones hasta los 10 años, y el cobro de las utilidades hasta dos años.
"Por eso es necesario armar bien los expedientes". Sindicatos y consejos La reforma también cambia el ámbito sindical, ahora con la figura de los Consejos de Trabajadores incluida, refiere el abogado Luis Tadeo Marcano. Mientras en la actualidad solo se discuten contratos con el sindicato que reúna a la mayoría de los trabajadores, según la propuesta, ahora será con la organización laboral existente, aunque no tenga la mayoría.
Además el Consejo de Trabajadores también será autorizado para la discusión. Según Marcano, la definición que le da la ley es: "Serán la instancia de participación protagónica para establecer el real control social.
Esto los involucra en muchos más aspectos que un sindicato". Con ellos viene la asamblea general de trabajadores, en ella tendrán participación los empleados fijos, contratados, jubilados o pensionados. "No solo seremos vigilados por los que están, sino por los que no están", afirma.
Entre las funciones que cumplirán, Marcano destaca que deben velar por los trabajadores y por el colectivo o entorno de la empresa. Estas nuevas estructuras tendrán participación en la gestión económica de la empresa.
Marcano señala que, según la propuesta, durante la discusión de un contrato colectivo, los consejos deben impedir interrupciones del sistema de producción, si la empresa pertenece al sector de servicios públicos.
Refiere que las compañías no podrán ser tomadas, y que la huelga será ilegal. Además, deben emitir su opinión sobre la solvencia laboral de la empresa, pueden acceder a la información contable, y ningún patrono podrá negarse a entregar lo que estos soliciten.
Entre otras modificaciones, la participación del Consejo Nacional Electoral en los comicios sindicales ya no será obligatoria; se propone dejarla como opcional.
Por otra parte, si durante un proceso de negociación colectiva se vence el período de un dirigente, este se prolonga hasta tanto se logre la firma del nuevo contrato.
Marcano refiere que hoy en día, cuando una empresa cierra, los sindicatos mueren con ella. Pero el proyecto establece una excepción: las empresas declaradas utilidad pública o cogestionaria. En estos casos, la estructura sindical sobrevive, hasta que -según Marcano- el Consejo de Trabajadores lo elimine. Se prevé que al liquidar un sindicato, una vez se cancelen los pasivos, el dinero que reste pasará al Consejo.
En la actualidad, se entrega al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Término de la relación laboral Beatriz Rojas señala que la propuesta de ley limita el despido a solo "despido justificado". Los artículos que fijan las indemnizaciones en caso de despidos injustificados fueron eliminados de la ley.
"En virtud de que el artículo 93 establece que ningún trabajador podrá ser despedido, nadie puede ser objeto de esta medida sin previa causa, y debe hacerse una justificación ante la Inspectoría del Trabajo", señala.
El proyecto de ley -afirma Rojas- ampara no solamente a los trabajadores protegidos con fuero sindical, materno y los que ganan hasta tres salarios mínimos; también incorpora a los empleados de la administración pública, y aquellos que solo estén a cinco años de jubilarse. Quedan excluidos los de contrato determinado, cuando termine el contrato; los trabajadores contratados; los de dirección o confianza; y los eventuales.
El proyecto no dice nada de quienes cobran más de tres salarios mínimos y no están en ninguna de las categorías señaladas. "Quedan en el limbo".
