El cambio integral, que acumula una década de rezago, impone altos costos
En el Gobierno todavía no existe acuerdo sobre los cambios, adicionales a la retroactividad y al recorte de la jornada, que debe incluir la LOT
El sábado en la noche, durante un conversatorio con movimientos de pobladores, el Presidente Hugo Chávez anunció que a través de la Habilitante legislará sobre temas puntuales de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), e incluso planteó eliminar algunos artículos para sustituirlos temporalmente por leyes especiales. Sin embargo, el tema que el mandatario asumió como urgente no fue la reducción de la jornada laboral ni el regreso a la retroactividad de las prestaciones sociales, cambios ordenados desde el año 1999 por la propia Constitución Nacional.
Durante una conversación con la vocera de la organización Conserjes Unidos de Venezuela, Nélida Cordero, a Chávez se le ocurrió poner en práctica una estrategia "que pudiera ser transitoria" para atender los problemas de las conserjes con celeridad. "
En la Ley Habilitante uno pudiera hacer una reforma mientras tanto, mientras se da el gran debate (de la LOT), una reforma que elimine tres o cinco artículos (...) y, para sustituir a esos artículos, hacer una ley especial para la conserjería", manifestó el jefe de Estado este sábado.Le solicitó a la diputada Cilia Flores que conformara un equipo de trabajo para concretar ese plan.
LOT no va por Habilitante.
Se desprende de las palabras de Chávez que todavía en el propio seno del Gobierno nacional no existe un acuerdo sobre el futuro de la LOT.
Relató que existen varios proyectos de reforma a la ley laboral, pero advirtió que las modificaciones a esa normativa no serán realizadas por la vía Habilitante. "Bueno, ahí sí no me meto. Eso lo tendrá que hacer la nueva Asamblea Nacional", dijo.
Fuentes gubernamentales indicaron que la comisión que se nombró en el seno del Ejecutivo nacional para revisar el programa de cambios elaborado por la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento aún no ha culminado su tarea.
Las modificaciones al instrumento legal no solo se centrarán en ajustar a las disposiciones constitucionales el tema del recorte de la jornada laboral y el regreso a la retroactividad de las prestaciones sociales, sino también servirá para incluir aspectos como el aumento de los días de vacaciones pagadas, la eliminación de los despidos injustificados y las nuevas relaciones laborales en las empresas socialistas.
No obstante, existen dos factores que frenan la posibilidad de aprobar una normativa que el oficialismo tuvo chance de autorizar en los últimos doce años. Por un lado, el carácter orgánico de ese instrumento hará cuesta arriba la aprobación del mismo. Para lograrlo se requieren dos tercios de los votos de los parlamentarios, pero ya el oficialismo no cuenta con el control total de la AN.
Las cuentas no cuadran
Por otra parte, el compromiso financiero que el Estado debe asumir para poner en práctica los cambios legales son mucho más elevados que en 1999.
Aunque las fuentes consultadas han señalado que todavía no se han calculado los costos de la reforma, la nómina del sector público se ha ampliado fuertemente en 12 años, producto del crecimiento del aparato estatal y de las expropiaciones.
En 1999, cuando Chávez llegó al poder, el sector público acumulaba 1.348.181 trabajadores. En noviembre del año pasado la nómina estatal ascendió a 2.232.690 personas, lo que significa que en ese período la cantidad de trabajadores a cargo del Estado se ha incrementado en 65,6%.
El regreso a la retroactividad de las prestaciones, que quedará a decisión de cada trabajador, unido a la reducción de la jornada laboral que obliga a crear un nuevo turno y, con ello contratar más trabajadores, impactará las ya golpeadas finanzas del Gobierno.
Las lluvias han obligado a destinar, hasta los momentos, 10.000 millones de bolívares para atender la emergencia generada. Eso sin contar que la economía se mantiene en una recesión que se inició por la caída de los precios petroleros y que luego continuó por el racionamiento eléctrico. De acuerdo a los datos del Banco Central de Venezuela, en el transcurso de los dos últimos años el Producto Interno Bruto se ha contraído 9,22%.
Los azules acusan al Gobierno de atentar contra las organizaciones sindicales.
