SINTRAPROB CONVOCA A ASAMBLEA DE TRABAJADORES

La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Procter & Gamble Barquisimeto, invita a todos los trabajadores afiliados y no afiliados a una Asamblea Extraordinaria a realizarse este Jueves 28 de enero de 2010 en el área de comedor de la empresa Procter & Gamble de Barquisimeto.
Esta Asamblea esta programada para comenzar a partir de las 2:00 PM y entre los puntos a tratar están:
Aprobación de Informe Financiero 2009 y Presupuesto de Gastos 2010, teniendo como novedad para el presupuesto de gasto de este año, aplicar el articulo 50 de los estatutos, con la finalidad de realizar un evento a definir en esta misma asamblea.
Celebración Especial: En este punto es definir que hacer con los recursos que por convención colectiva tenemos para realizar un evento recreativo.
Comisión Electoral: Nombrar la Comisión Electoral que regirá los comicios para la elección de la nueva Junta directiva del SINTRAPROB que regirá los destinos de nuestro sindicato en los próximos tres años.
Temas de Interés; Igualmente en esta asamblea se aprovechara el tiempo para discutir y aclarar puntos de interés que compete a los trabajadores.

Gobierno Exige a Empresas Crear Milicias y Patrullas Laborales

La Ley de Conscripción y Alistamiento Militar deja claro en su artículo 81 que las empresas públicas y privadas, así como las cooperativas, "están en la obligación de exigir a los venezolanos o venezolanas la presentación del documento que acredite su inscripción militar o haber cumplido el servicio correspondiente" antes de contratarlos como trabajadores.
Ley de Alistamiento Militar exige a las empresas públicas y privadas que los nuevos trabajadores estén en el registro militar (Venancio Alcázares/archivo)Las inspectorías del Trabajo de Cagua, estado Aragua, y Puerto Cabello, estado Carabobo, condicionan la aprobación de los nuevos contratos colectivos a que ya los trabajadores hayan conformado las patrullas laborales y las milicias obreras en las empresas donde laboran.
Pero la asesora laboral de Conindustria, Maryolga Girán, señaló que, además, en ambas instancias adscritas al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social existe un retraso adicional en la homologación, pues las inspectorías descartan darle luz verde a la vigencia de las convenciones hasta tanto la Asamblea Nacional reforme la Ley Orgánica del Trabajo.
El Parlamento lleva cerca de nueve años intentando modificar sin éxito el texto legal.
En lo que se refiere al tema de las patrullas laborales, las mismas han sido promovidas desde el Gobierno.

Se trata de comités de trabajadores afiliados al oficialista Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) que se unen para "luchar contra la arremetida de la oligarquía", según explicó en septiembre del año pasado el dirigente del Frente Socialista de Trabajadores, Orlando Castillo.
Por su parte, las milicias obreras han surgido en varios proyectos del Gobierno nacional como una necesidad dentro del movimiento laboral.

La opción de la formación militar se maneja en el Plan Guayana Socialista 2019, macroproyecto para avanzar en el socialismo en las industrias básicas.
Igualmente, en uno de los proyectos de la Ley de Propiedad Social, que espera por el visto bueno de la Asamblea Nacional para su aprobación, se incluyó la formación militar como un requisito para los trabajadores interesados en laborar en las empresas socialistas.
El proyecto de la normativa deja en manos del Ejecutivo nacional las directrices sobre el tema de la instrucción militar para los trabajadores de las empresas socialistas.
Pero la formación castrense no es exclusiva para las empresas de corte socialista que se han creado tras las estatizaciones que el Gobierno ha adelantado en los últimos años.
La Ley de Conscripción y Alistamiento Militar deja claro en su artículo 81 que las empresas públicas y privadas, así como las cooperativas, "están en la obligación de exigir a los venezolanos o venezolanas la presentación del documento que acredite su inscripción militar o haber cumplido el servicio correspondiente" antes de contratarlos como trabajadores.
La norma advierte que incumplir la orden traerá sanciones. No obstante, cuando se fijan las multas la ley no aclara qué sanciones corresponden a las empresas privadas que incumplan, a excepción de aquellas con labores que incluyan el uso de armas, así como de los órganos de la administración pública, donde la multa por contratar trabajadores sin el registro militar será de 20 unidades tributarias.

El Salario Mínimo y La Inflación

La inflación, entendida como una elevación general de precios, expresa el desajuste entre la demanda y la oferta de bienes y servicios. Si no hay una oferta de bienes y servicios suficientes para satisfacer la demanda de esos mismos bienes y servicios, los precios suben.

Por supuesto, en perjuicio tanto de los trabajadores como de los consumidores en general.

Venezuela exhibe hoy día, no sólo un nivel de inflación de los más altos de Latinoamérica, sino del mundo.
La inflación termina expresándose en una devaluación de la moneda. En un régimen de control de cambios, esta devaluación monetaria no se expresa en el llamado tipo de cambio oficial, sino en el mercado paralelo o negro y en ese mercado intermedio que se conoce como permuta a través de la venta de bonos de la deuda pública que emite el Estado venezolano para maximizar los bolívares que recauda a través de los dólares que provienen de las exportaciones petroleras de PDVSA.

En un régimen de libre cambio, el mercado negro se hace legal y define el valor de una moneda nacional respecto de otra distinta como en el caso del bolívar frente al dólar.
Como dice el profesor de la Universidad de Carabobo Héctor Lucena en su blog, hasta 1.974 la inflación venezolana osciló entre 1 y 4 %. Es a partir del boom petrolero de 1.975 en tiempos de Carlos Andrés Pérez cuando la inflación se desmanda superando los 2 dígitos y oscilando entre 20 y hasta 60% durante las últimas 4 décadas.
Para ajustar los salarios y morigerar los efectos de la inflación sobre la economía familiar de los trabajadores tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como la Ley Orgánica del Trabajo establecen la fijación del salario mínimo nacional el cual debe tomar como referencia la cesta básica de alimentos y demás bienes y servicios de consumo masivo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la llamada canasta básica normativa que incluye gastos de transporte, vivienda y salud hoy frisa en los 2.000 bolívares, calculada en base a los precios regulados. Según el CENDA, frisa los 4.000 bolívares calculados en base a los precios de los automercados y de la economía no regulada. .
El aumento decretado por el Presidente Chávez de 10 % efectivo al primero de Marzo, más 15 % al primero de septiembre del 2010, representa un incremento del 25 % que no alcanzará a compensar la inflación que los más conservadores estiman superior al 40 % de aumento promedio de los precios.

Con ese 25 %, el salario mínimo se situaría en septiembre en 1.223 bolívares mensual. Si se agrega la cesta ticket, el ingreso no alcanzará a cubrir el consumo básico de los trabajadores.
Este año 2010 será escenario de luchas salariales compensatorias que deseamos se resuelvan por la vía del dialogo social entre empresarios, gobierno y trabajadores.