Datos del Instituto Nacional de Estadística indican que el Estado se ha convertido en uno de los grandes empleadores del país con 2 millones 293 mil 599 personas a su cargo. El retorno al esquema de prestaciones sociales que existía antes del año 1997 y que se discute en la Comisión de Desarrollo Social de la AN no favorece, en el escenario fiscal actual, al GobiernoCARACAS.- El restablecimiento del régimen retroactivo de las prestaciones sociales, aunado a la promesa de reducción de la jornada laboral y a la posibilidad de incluir la inamovilidad dentro de una norma, despertó la esperanza de los trabajadores venezolanos cuando este año los diputados de la Asamblea Nacional (AN) iniciaron la discusión de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), en cuya nueva redacción se incluirían tales ofrecimientos.
Luego de más de 470 artículos redactados y numerosas propuestas, la ilusión comienza a verse truncada, toda vez que los cambios propuestos pueden afectar fuertemente al Estado como empleador. Desacuerdos entre los legisladores del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV) por el contenido del referido instrumento han retardado su aprobación.
Adicionalmente, la falta de recursos tras la caída de los precios del petróleo constituye una complicación más para aplicar una ley que traerá consigo mayores costos laborales.Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Estado se ha convertido en uno de los grandes empleadores del país con 2 millones 293 mil 599 trabajadores a su cargo.
A este panorama de menores recursos y más obligaciones contractuales se unen pasivos laborales que algunas organizaciones calculan hasta en Bs. F 30 millardos. Los costos adicionales previstos por el ajuste en el esquema de prestaciones sociales no favorecen al Gobierno, en el escenario fiscal actual.
Deuda millonaria El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Froilán Barrios, aseguró que lo que ha ocurrido con la normativa es que “el Gobierno está sacando las cuentas claras y lo que los diputados hablan de retroactividad y reducción de jornada resulta inviable”.Indicó que actualmente el Ejecutivo adeuda a los empleados del sector público cerca de 18 millardos de dólares; toda vez que no ha honrado la reforma de 1997 (cuando se abolió el sistema que se pretende reinstalar) que debía ser cancelada a más tardar en el 2002.
“Los trabajadores del sector público estamos reclamando que haya una liquidación si va a haber un régimen nuevo, con lo cual debe reconocerse la deuda anterior que parte de 1997 cuando se acordó pagar una cantidad relativa al cambio de régimen, monto que se calculó en alrededor de Bs. F 10 millones, adicionales al bono de transferencia y a la creación de fideicomisos donde a cada trabajador le correspondían 5 días mensuales.
Pero ello nunca se cumplió”.Alertó que las contradicciones entre las propuestas que surgen desde el Legislativo y los “cálculos” del Ejecutivo han terminado por colocar la discusión de la LOT en el limbo, a sabiendas de que los trabajadores están preocupados por ello. “Es un drama bravo y en definitiva quien está perdiendo es el trabajador”.
Cualquiera de las propuestas que se han manejado para cumplir el mandato constitucional de darle retroactividad a las prestaciones sociales pondrá en jaque tanto al sector público como al privado.
En la Asamblea Nacional han hablado de algunas opciones: mantener los 60 días de prestaciones y sumar una retroactividad para 15 ó 30 días adicionales, o 45 días en total, todos con retroactividad.
Mientras tanto, un proyecto propulsado por el Ministerio del Trabajo, a través del Psuv, busca un régimen menos costoso con el pago de no menos de 45 días anuales al último salario devengado para los primeros cinco años de vigencia del instrumento legal, para luego reducirlo a 30 días por año.“No hay seriedad en cuanto al cálculo. Si es borrón y cuenta nueva ¿la retroactividad comienza de cero? Si es así, entonces están promoviendo un fraude al trabajador”, sostuvo Barrios.
Pero éste no es el único asunto que genera fricciones. La reducción de la jornada laboral es una medida delicada que sigue en estudio. Ponerla por debajo de 40 horas sería arriesgado, dado que es una decisión en la que se debe tomar en cuenta la productividad. La creación de los Consejos de Trabajadores también es una mecha para encender conflictos, pues plantea la aparición de una estructura paralela a los sindicatos.
En este punto también hay fuertes divergencias, pues los gremios no quieren perder las conquistas históricas. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la AN que redacta la norma, Oscar Figuera, aseguró que estas nuevas estructuras garantizan la participación obrera en el control de la producción.
Oferta engañosa El dirigente de Podemos, Bernardo Jiménez, quien también forma parte de la instancia legislativa, aseguró que “los deseos expresados en la LOT son inalcanzables”.Alegó que desde la tolda vinotinto, han planteado la necesidad de que en torno al citado instrumento se produzca un “entendimiento” de todos los sectores del país para producir los cambios necesarios sin generar expectativas que no se puedan cumplir.
Sostuvo que, entre otros aspectos, la “oferta” de proponer un sistema de estabilidad absoluta de los trabajadores (una forma de oficializar la inamovilidad laboral) crearía ineficiencia en las empresas, pues sólo podrían ser removidos de sus puestos el personal de confianza, por considerar el legislador que éstos son representantes de los patronos.
El resto de los casos deberá contar previamente con la aprobación de las inspectorías del trabajo, no obstante, aclaró que lo que preocupa es que éstas no actúan por igual. Sus sanciones no son universales, unas cobran con base en Unidades Tributarias, mientras otras usan el salario como parámetro.
Pese a todas estas trabas, el parlamentario informó que la discusión de la ley no está paralizada, lo que fue corroborado por Figuera, quien además acusó que a nivel nacional se está articulando todo un proceso por parte de los sectores del capital, “de la oligarquía rancia, pero también de la burguesía emergente para estigmatizar parte de las conquistas de los trabajadores contenidas en la nueva Ley”.
No sólo acusó a los integrantes de Fedecámaras de obstaculizar la aprobación de la norma, sino también a Fedeindustria y Empreven, de allí que no descartó que durante la discusión del texto legal se generen divergencias en el Gobierno entre los que apoyan y los que rechazan las modificaciones.
Jiménez negó categóricamente que el Ejecutivo Nacional haya puesto condiciones para que se lleve a feliz término la redacción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, mediante la cual, aclaró, se busca fortalecer a los empleados y no al sector empresarial.El abogado laboral León Arismendi consideró como un “capricho” el retorno al viejo sistema de prestaciones sociales. “Es el resultado de no haber hecho en su oportunidad un balance más objetivo de lo que significó la reforma del año 97”.
Acotó que “sobre la base de emociones se dijo que había que volver al régimen anterior bajo el precepto de que los trabajadores habían sido perjudicados (...) El punto es que cuando vieron las primeras estimaciones se convencieron de que la cosa no era tan sencilla y que el impacto sobre las finanzas públicas podría causar mayores perjuicios que beneficios a los trabajadores”.
Arismendi, también profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que la modificación del sistema de prestaciones sociales constituiría una carga sumamente onerosa para el Estado, además explicó que jurídicamente no se puede volver al régimen que había antes de 1997.
“La ley que se reformó en el 97 establecía que a los trabajadores cada vez que cumplían un año les correspondían 30 días calculados con el último salario. La Constitución dice que los derechos laborales son progresivos e intangibles y no reversibles y las reformas deben ser para mejorar”.
Agregó que “en la ley vigente se dice que el primer año son 45 días de prestaciones y a partir del segundo son 60 días. Hacer una reforma que vuelva a poner 30 días por año afectaría a los trabajadores y la salida que aparece como viable es que le apliquen el recálculo de acuerdo con el tiempo que tengan.
¿A quién favorecería una vuelta al régimen de 30 días? a los trabajadores que tienen una antigüedad muy alta, entre 13 ó 14 años, y la mayor parte de ellos está en el Estado, pues el promedio de estabilidad en la empresa privada difícilmente supere los cinco años”.
Tarea pendienteDesde 1999, el parlamento está en mora con los trabajadores. En las disposiciones transitorias de la Constitución se ordena que en un año los diputados aborden tres aspectos: volver al sistema retroactivo de prestaciones, reducir la jornada laboral y aumentar la prescripción de los derechos adquiridos de uno a diez años.
El debate sobre el recorte de horas laboradas fue propuesto por el presidente Chávez en la rechazada reforma constitucional de 2007. En este particular, los legisladores se pasean por varias posibilidades, pero no existen mayores desencuentros, sin embargo, cuando se plantea el regreso a la retroactividad surgen los enfrentamientos.
ImpactoEl economista Pedro Palma argumentó que el retorno al viejo sistema de prestaciones sociales, así como las propuestas de inamovilidad absoluta, aumento del número de días de vacaciones y la reducción de la jornada laboral, entre otros factores propuestos en la reforma de la LOT, implicaría “sin duda alguna” mayores costos de producción lo que, a su vez, implicaría mayores precios, así como una presión inflacionaria adicional que podría alcanzar 30%.
“Si la ley comienza a implementarse a partir del próximo año, provocará el debilitamiento de las empresas en un mundo caracterizado por la desaceleración económica”. Palma agregó que la citada norma se traducirá en “ineficiencia y menores niveles de productividad del aparato productivo”.PropuestaEn paralelo a la discusión de las reformas a la normativa laboral, la Comisión de Desarrollo Social Integral de la AN avanza en el debate de la Ley de Alimentación (cesta alimentaria).
Hasta los momentos, los parlamentarios han acordado reducir el número tope de trabajadores que debe poseer una empresa para otorgar dicho beneficio. Adicionalmente, el diputado de Podemos, Bernardo Jiménez, ha propuesto la idea de que los pensionados y jubilados también gocen de cesta alimentaria “o algo parecido a un cesta médica que es donde se le va el salario a la gente que está por encima de los 50 años”. No obstante, apuntó que el planteamiento no ha tenido receptividad en el seno de la instancia legislativa.
