Actualmente, el Ministerio de Planificación y Finanzas calcula el impacto financiero que tendrán la reducción de la jornada laboral y el regreso a la retroactividad de las prestaciones sociales, evaluación que permitirá a la Asamblea Nacional (AN) definir los aspectos que serán reformados en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT). La información la dio a conocer el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la AN, Rafael Ríos, quien aseguró que la expectativa es que la normativa esté aprobada antes de las elecciones parlamentarias en septiembre.
Ríos detalló que para el Estado, en su rol de patrono, resulta primordial conocer el costo que tendrá el recorte de la jornada laboral. La reducción a seis horas diarias, una de las propuestas analizadas como parte de la reforma a la LOT, provocará un turno de trabajo adicional en las empresas de producción continua. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la AN informó que el estudio implica también un análisis de la situación en la que podrían quedar las pequeñas empresas con el regreso a la retroactividad de las prestaciones sociales, lo que supondrá un incremento de los costos laborales justo tras una devaluación del bolívar.
De hecho, Ríos señaló que el informe de la comisión para la segunda discusión de la LOT ya está listo, pero que aguardarán por la respuesta del Ministerio de Planificación y Finanzas sobre estos temas para tomar una decisión al respecto.
En el caso de la jornada laboral, existen dos planteamientos: reducirla a seis horas diarias o fijar un tope semanal de 40 horas.
Para el esquema de retroactividad de las prestaciones se manejan más opciones. Las que más fuerza cobran son el regreso absoluto al régimen que estuvo vigente hasta el año 1997, o un sistema mixto que amalgame elementos del esquema actual y del antiguo.
La reforma a la LOT es más extensa, pero cambiar la jornada laboral y las prestaciones sociales son un mandato de la Constitución Nacional.
Ríos señaló que están trabajando estos temas con representantes del Ministerio del Trabajo y con la subcomisión de Asuntos Laborales de la AN.
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