El artículo 68 de la reformada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, define como boicot cualquier acción que impida, directa o indirectamente, la producción, fabricación, transporte, distribución y comercialización de productos. Este delito es sancionado con prisión de seis a 10 años. Si un grupo de trabajadores, para exigir el pago de un salario atrasado, paraliza una empresa y por ende obstruye las actividades antes mencionadas, ¿los participantes pueden ser procesados legalmente con base en este instrumento? Para algunos dirigentes sindicales, la respuesta es afirmativa.
Y esto, junto a otras leyes vigentes, es lo que consideran la intención del Ejecutivo nacional de “criminalizar la protesta”.
Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista, señaló que a la fecha, 130 trabajadores afrontan procesos judiciales. “Cualquiera que obstaculice la distribución de un bien, como cuando se paralizaron los transportistas de Pdval para pedir que les pagaran, puede ir preso. Esto viola el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional”.
Por otro lado se encuentra la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en su artículo 56: quien lleve a cabo actividades dentro de las zonas de seguridad, dirigidas a afectar el funcionamiento de instalaciones militares, servicios públicos, industrias y empresas básicas, será penado con prisión de cinco a 10 años.
Este es el delito al que se enfrenta Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera en Guayana, detenido por paralizar esta industria para exigir reivindicaciones. Es el único de los 130 procesados que está en la cárcel. José Acarigua, director laboral de Sidor, recordó que otros tres integrantes del sindicato obrero de la siderúrgica también están acusados. “El gobierno quiere penalizar la lucha.
No creíamos en la IV República y ahora tampoco en la V: este proceso se desvió”.
Más implicaciones.
El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, aseguró que muchos de los que participaron en protestas para exigir contrato colectivo o mejoras en las instalaciones de Pdvsa han sido llamados a presentarse ante la Fiscalía.
“No vamos porque no podemos aceptar que se trate nuestro derecho como un delito”. Recordó que en Anzoátegui está el caso de los tres obreros del holding en Anaco, que cumplen régimen de presentación por manifestar en el Ministerio del Trabajo.
Orlando Chirinos, dirigente de C-Cura, considera que el gobierno está construyendo un andamiaje de leyes para controlar a los sindicatos. “No podemos olvidar que viene la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y la creación de consejos de trabajadores que buscarán aniquilar las organizaciones de base.
No podemos dejar que esto pase”.
Este punto no preocupa a Tito Barrero, secretario general de la Federación de Trabajadores de Anzoátegui, quien aseguró que de legalizarse esa figura, “tomaremos control de ellas ganando todas las elecciones. No les dejaremos campo libre”.
Agregó que las manifestaciones del sector “siempre han sido pacíficas”, así que no tiene intenciones de llamar a sus afiliados a que “dejen de ejercer sus derechos”.
Los gremialistas consultados señalaron otro instrumento: el Código Penal, en su artículo 358, el cual penaliza el cierre de vías públicas.
Leyes necesarias
Para Luis Serrano, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores, es falso que el Ejecutivo busque criminalizar la protesta. Aseguró que en gobiernos anteriores las manifestaciones eran reprimidas.
Dijo que es necesario aplicar este tipo de leyes cuando, por ejemplo, se pide permiso para una movilización y se torna violenta. “En este caso, debes responder a la justicia. Hay que respetar el orden constitucional”.
No obstante, aclaró que también condena que los cuerpos de seguridad arremetan contra una actividad que se desarrolla de forma pacífica.
Mes para la historia
Mayo de 2009 fue un mes que quedó marcado en las páginas de la historia de Anzoátegui: en apenas tres días, del 18 al 20, el Grupo de Reacción Inmediata (Grip) de Polianzoátegui detuvo a 37 personas por participar en manifestaciones. Estas fueron ex trabajadores demandando pagos, gandoleros criticando el mal estado de la vialidad, comunidades exigiendo electricidad y estudiantes.
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