El Mal Patrono

martes, 3 de mayo de 2011 ·

El coordinador nacional de Primero Justicia Julio Borges denunció este domingo la situación de los trabajadores venezolanos y acusó al Gobierno, que "se llena la boca permanentemente diciendo que es obrerista cuando la realidad es que tienen el peor patrono del país".
El parlamentario recitó el rosario promesas incumplidas de Chávez en materia de viviendas y en particular de las deudas que mantiene el Gobierno con sus trabajadores "que demuestran el deterioro de la relación laboral en el sector público, que han tenido como respuesta numerosas protestas en los últimos meses”.

“Recordemos la promesa electoral de 1998 de revertir la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 que según el entonces candidato presidencial había confiscado las prestaciones sociales de los trabajadores. Hoy, luego de más de 12 años de Gobierno, ese tema ha quedado en el olvido, y año tras año escuchamos la cantaleta de una nueva reforma laboral que nunca termina de discutirse y mucho menos concretarse”, dijo Borges.

“Al instalarse la primera Asamblea Nacional en el año 2000 una de las principales promesas era reformar todo el sistema de seguridad social que había sido de los mayores fracasos de gobiernos anteriores, casi 11 años después, los venezolanos seguimos sin seguridad social digna, y el único logro que reconoce la población es lo referente al pago de las pensiones de los jubilados, pero ahora que estamos solicitando desde la alternativa democrática que se le paguen cesta tickets a los pensionados, el gobierno se hace el loco a pesar de estar recibiendo un chorro de dólares por los altos precios petroleros”, explicó.

“Peor aún ha sido el comportamiento en relación a las contrataciones colectivas y el desprecio absoluto a las organizaciones sindicales, demostrando nuevamente que el Presidente no cree en la iniciativa personal, no cree en los trabajadores venezolanos, solo espera que le obedezcan y le aplaudan cuando los obligan a asistir a eventos y marchas uniformados de rojo rojito de pies a cabeza”.
Borges dijo que hay entidades del sector público que no discuten sus convenios colectivos desde el 2003 y la gran mayoría tiene entre 3 y 5 años con los contratos colectivos vencidos.
"En el caso de las numerosas empresas expropiadas en los últimos años, este tema ha sido dejado totalmente de lado y se han registrado deterioros en las condiciones laborales e incluso en los ingresos de los trabajadores de estas empresas”.
Se refirió al tan nombrado “acuerdo marco” para los trabajadores del sector público que nunca se concretó, y denunció que desde hace ya varios años se intenta resolver todo a punta de decretos presidenciales con aumentos en las escalas salariales "como hemos visto recientemente anunciados con bombos y platillos”.
“La realidad es que desde el 2008 se ha registrado un importante rezago salarial de los empleados públicos que ahora el gobierno pretende esconder con aumentos salariales superiores al anunciado para el salario mínimo. Tomando el Índice de Remuneraciones de los asalariados del sector público que reporta el Banco Central vemos como en el 2010 se registro un aumento de apenas un 10% mientras la inflación casi llego a 30%, pero esa burla que ha significado un aumento que se convertirá en sal y agua tendrá su respuesta el próximo año cuando a pesar de tener que ir a cuanta marcha y evento se le ocurra al Presidente que ya comenzó su campaña, cuando llegue el momento la inmensa mayoría de los servidores públicos votaran por el cambio en Venezuela”, indicó Julio Borges.

“Tenemos la inmensa deuda pendiente de los pasivos laborales de todos los trabajadores públicos que se estima pudiera ubicarse entre unos 15 a 20 mil millones de dólares y que el Gobierno sigue dándole largas sin buscarle una salida a esa deuda laboral gigantesca. Mientras tanto, en estos días vimos la noticia desde Nicaragua donde el Gobierno anunció el aumento de 23 a 34 dólares mensuales de un “bono salarial” que se viene entregando mensualmente desde el año pasado a más de 155.000 empleados públicos de ese país, con fondos que recibe Nicaragua de parte del gobierno de Venezuela, estamos hablando de más de 63 millones de dólares al año, mientras los empleados públicos venezolanos siguen protestando llegando incluso a episodios recientes como el caso de los enfermeros que tuvieron que coserse los labios y derramar sangre para conseguir alguna respuesta del Gobierno nacional”.

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