Propiedad Social Oculta Intención de "Suprimir" Propiedad Privada

Un estudio del comité de asuntos legales de la Cámara Venezolana América (Venancham) considera que en el proyecto de Ley de Propiedad Social se oculta "maliciosa y cautelosamente" la intención de suprimir la propiedad privada.

En el informe se señala que para ello no es necesario que el Estado actúe directamente, basta con hacerlo en forma indirecta. La formula sería: "Hacer que toda actividad económica dependa del Estado.

Esa sería la propiedad socialista que convertiría al Estado en un monoproductor". Sin embargo, en el análisis hecho por el Comité Legal de Venancham se señala que no se observa en forma "nítida" la dependencia del proyecto con leyes cubanas.

"No es posible comparar este anteproyecto con la Constitución y el Código Civil cubanos (...) es posible que se hayan imitado leyes cubanas de carácter administrativo ya que en Cuba todos los bienes pertenecen al Estado para beneficio general de la colectividad.

A ello es a lo que se asemeja la propiedad social", dice el documento. También se aclara que la propiedad privada puede que no sea "atacada" en forma general. Consideran que no se negará este derecho por completo, pero sí puede ocurrir en forma parcial, por la vía de "expropiaciones y confiscaciones" basado en un interés social.

Para Venancham, cuando esto ocurra, el bien expropiado pasa a ser propiedad social, bien sea por su condición estratégica para la soberanía plena y el desarrollo humano integral, o porque su aprovechamiento garantiza el bienestar general.

Aspectos confusos Para el comité legal de Venancham hay cambios importantes en cuanto a la definición de "propiedad social" en dos de las versiones del anteproyecto de ley. En uno, la propiedad social coexiste con las demás formas de propiedad constitucionalmente reconocidas, mientras que en el otro se da por sentado que existe y que sólo debe normarse.

Además observa que el objeto de la ley está limitado a "ciertos bienes de los cuales el Estado es propietarioPara los juristas esta definición es confusa, y puede llevar a pensar que se refiere a los bienes de "dominio público", y no a los de dominio privado del Estado, aquellos que administra por ser de carácter general y de interés colectivo.

En el proyecto se dice que estos bienes pueden ser "materiales e intelectuales", por su carácter general, de interés colectivo y de soberanía nacional, los cuales están incluidos dentro del proceso productivo y la construcción de la economía socialista. Según el análisis de Venancham con ese planteamiento el Estado pretende "la regulación unificada del manejo y administración de los bienes de interés social que posee y que son de diversa naturaleza".

El equipo de juristas de la cámara destaca en la mayoría de sus observaciones la forma genérica en que se han redactado algunos artículos, y el margen de interpretaciones errónea que deja. Este anteproyecto ha sido trabajado por la Asamblea Nacional y se espera que este miércoles se de su primer debate en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.